El Defensor del Pueblo, última instancia a la que recurren los ciudadanos ante la negligencia, la ineficacia o los atropellos de las administraciones, estudia una queja en la que expone su razonada protesta porque, quince años, el Ayuntamiento de Maó aún no ha ejecutado las obras de urbanización proyectadas, aprobadas y presupuestadas para el núcleo de Sant Antoni.
El vecino afectado por este grave retraso expone que tras verse obligado en 2003 a suscribir un aval bancario de 22.033 euros en concepto de cuota por estas obras, todo sigue igual. No se ha realizado la actuación y la cantidad avalada le ha supuesto un coste financiero de casi 10.000 euros. La cuestión se complica cuando el proyecto, redactado en 2002, ha quedado obsoleto y carece hoy de validez. En conjunto hay unos treinta vecinos de Sant Antoni afectados al haber depositado cantidades en efectivo o firmado avales. El reparto de cuotas para sufragar los costes de la urbanización fue impugnado y anulado primero por el Contencioso-Administrativo de Palma y por el Tribunal Supremo después. Una difícil situación que genera indefensión a los perjudicados que exige explicaciones convincentes y responsabilidades.