El 'caso Citur' investiga a unos hechos que se remontan a hace trece años. La 'operación Xoriguer' que representó la detención de concejales del equipo municipal de Llorenç Brondo se llevó a cabo en marzo de 2011. Y la instrucción se cerró hace seis años pero todavía está a la espera de juicio. La exasperante lentitud judicial genera situaciones injustas como una sospecha permanente de los investigados, y en el caso de Soledad Navarro, una técnica de Turismo fallecida hace unos días, todavía más lacerante, puesto que ya no podrá defenderse. Fue pionera en la información turística en Menorca y su trayectoria ha sido reconocida después de treinta años en el departamento de turismo del Ayuntamiento. Por eso es injusto que todavía siguiera pendiente de una resolución judicial que cierre definitivamente el 'caso Citur' y establezca la responsabilidad de los hechos objeto de investigación.
La Administración de Justicia debería adoptar y aplicar medidas para evitar este tipo de situaciones. No se trata de permitir la prescripción, sino de poner medios y recursos para resolver los procesos en plazos mucho más breves, especialmente aquellos que afectan a la honorabilidad de las personas.