Las protestas del sector del taxi, iniciadas en Barcelona, se han propagado por todo el país con la movilización de centenares de profesionales. La irrupción en el mercado de empresas como Uber o Cabify, que explotan licencias VTC (Vehículos de transporte con chófer), que concede el Gobierno y son de ámbito estatal, distorsiona las autorizaciones municipales, por las que se pagan cantidades desorbitadas. Esta situación exige un marco reglamentario que compatibilice los intereses en conflicto y ampare, en primer lugar, los derechos de los ciudadanos. Un reciente fallo judicial que levantó las restricciones a los VTC en Barcelona ha sido el detonante de un problema latente.
La reunión celebrada ayer en Fomento acabó sin acuerdo. Los taxistas mantienen la huelga, pese a que el Ministerio anunció un real decreto para transferir las competencias en la concesión de las licencias VTC a las autonomías. También hay que tener en cuenta a los usuarios. El éxito de los servicios con licencia VTC se basa en la competitividad de sus precios y la calidad de su oferta, aspectos donde el taxi tradicional tiene enormes dificultades para ofrecer alternativas atractivas. Un complejo conflicto de intereses.