El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado en la agenda política la exhumación de los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una decisión que se enmarca en la Ley de Memoria Histórica al no tener sentido el féretro del dictador en un edificio de titularidad pública con el fin de rendir homenaje a quien dirigió el régimen franquista. Es una cuestión que, por distintos motivos, los gobiernos democráticos no han abordado desde 1977.
Para evitar que se prolongue la polémica el Ejecutivo socialista ha optado por la fórmula del decreto-ley que permite acelerar los trámites. La medida, reservada a cuestiones de urgencia, ha sido muy criticada por algunos sectores. Por ejemplo, la familia Franco y las organizaciones franquistas se han opuesto, pero el Gobierno quiere zanjar este tema cuanto antes. Estas prisas impiden abordar la imprescindible reconversión del Valle de los Caídos para que deje de ser un memorial icónico de los nostálgicos del franquismo. El futuro del complejo de Cuelgamuros debe ser redefinido para recordar y recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos. Una cuestión relevante que se está marginando.