A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno tripartito del Consell de Menorca pone sobre la mesa la documentación del nuevo Plan Territorial Insular, que difícilmente conseguirá la aprobación inicial antes de concluir este mandato. La revisión del PTI aprobado el 2003 por PSOE, PSM y Esquerra de Menorca-EU suprime el veto al alquiler y comercialización de nuevas viviendas en las urbanizaciones al eliminar el requisito de cinco años de antigüedad, tal como exige la Ley Turísticas.
Al mismo tiempo, mantiene esta prohibición en el resto de zonas, incluso en las áreas tradicionales con alto porcentaje de suelo vacante, como son Fornells, Es Grau, Sa Mesquida, Es Murtar y cala Sant Esteve.
El PTI deja en manos de los ayuntamientos de la Isla la regulación del alquiler turístico en los cascos urbanos. Cada municipio tendrá que tramitar una modificación puntual de su planeamiento urbanístico para autorizar la concesión de nuevas licencias en viviendas unifamiliares, con el límite del 15 por ciento. En definitiva, el Consell traspasa a los ocho ayuntamientos la decisión de dónde y con qué tipología autorizan el alquiler turístico en suelo urbano.