El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, remitió ayer una instrucción a la Policía Nacional, Guardia Civil y las policías locales para que actúen «directamente y de forma inmediata, sin necesidad de solicitar medidas judiciales» en los casos de ocupación ilegal de un inmueble que sea delictivo. Para ello deberán desalojar y también detener a los ocupantes ilegales.
Tras reconocer que la proliferación de ‘okupas' en Balears está generando «un grave problema social y legal que va en aumento», el fiscal Barceló señala que al no existir una respuesta jurídica uniforme, es necesario fijar unos criterios de actuación ante los intereses en conflicto. Por una parte, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque nadie puede entrar en casa ajena sin autorización del titular o resolución judicial; y el derecho a disfrutar de una vivienda digna, una acuciante prioridad social en las Islas. Nos hallamos ante una colisión de derechos. La Constitución establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Encarga a los poderes públicos que hagan efectivo este derecho. El nuevo Govern de Francina Armengol deberá dar respuesta a la demanda de vivienda en Balears con actuaciones inmediatas.