El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha colocado las Balears en el centro de atención de la crisis del «Open Arms» al ofrecer Algeciras primero, y los puertos de Palma y Maó después, para acoger a los 107 inmigrantes a bordo. Pero la oferta de Sánchez ha provocado duras críticas de «Open Arms» al considerar que llega tarde; los puertos de Balears están demasiado lejos, con la imposibilidad de asumir más días de travesía después de 18 jornadas en alta mar, y porque les traslada la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a los náufragos.
Lo que constituye un grave drama humano es fruto de la estrategia electoral del vicepresidente y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, en su voluntad de obtener rédito político con esta crisis. Las posiciones xenófobas y antieuropeas de Salvini no son compartidas por Francia, Alemania, España, Portugal, Luxemburgo y Rumanía, dispuestos a recibir al centenar de náufragos.
La Unión Europea -y en conjunto, todos los países de las riberas del Mediterráneo- deben articular y coordinar políticas eficaces para erradicar el tráfico de personas. La legislación internacional y la defensa de los derechos humanos demandan respuestas y medidas.