La vivienda es la primera causa de desigualdad y exclusión social en Balears, según el último informe de la Fundación Foessa sobre los indicadores y riesgos de la sociedad en el Archipiélago, que acaba de presentar Caritas regional. Su conclusión es tan demoledora como preocupante: 243.000 personas están en situación de exclusión social, lo que representa el 21’5 por ciento de la población balear.
La principal preocupación es la dificultad de acceder a una vivienda: 85.000 personas sufren la incertidumbre de quedarse sin hogar, 120.000 personas viven en casas inadecuadas y un 14 por ciento de la población de las Islas está en el umbral de la pobreza severa tras descontar gastos o deudas para el pago de la vivienda o suministros. En este contexto el Govern constata cómo en tres años se ha producido un repunte en el impago de los alquileres al Ibavi, con 1.273 inquilinos morosos que adeudan 7,5 millones de euros a la Conselleria de Vivienda, dirigida por Marc Pons, departamento que debe distinguir entre quienes cometen infracciones y eluden el pago del alquiler de forma intencionada, y quienes están en situación de vulnerabilidad. El acceso a una casa digna en Balears es un derecho imposible para muchas familias. Es preciso expulsar a quienes se aprovechan del Ibavi para dar estas viviendas a quienes realmente las necesitan.