Las medidas fiscales del Régimen Especial de Balears que, según el anuncio efectuado en marzo pasado por la presidenta Francina Armengol, debían entrar en vigor el 1 de enero de 2020 carecen de calendario y presupuesto. Este incumplimiento ha venido motivado por las sucesivas convocatorias electorales durante el año que acaba, la parálisis de la Administración del Estado con el Gobierno en funciones, y el hecho de que aún se sigan aplicando los Presupuestos Generales aprobados por Mariano Rajoy en mayo de 2018, que ya han sido prorrogados en dos ocasiones.
Además de ser una comunidad maltratada por el sistema de financiación autonómica en vigor, Balears no logra ver reducidos los sobrecostes de la insularidad, a pesar de que tanto la Constitución como el Tratado de la Unión Europea obligan a aplicar medidas compensatorias. Las expectativas que suscitó la aprobación del Régimen Especial hace diez meses se han diluido y han acabado provocando frustración al constatar que se ha perdido un año, con unos incumplimientos que amenazan con seguir durante el 2020. Ahora mismo Balears no tiene ninguna garantía de cuándo serán realidad unas medidas anunciadas con gran entusiasmo, pero que ni están cuantificadas ni presupuestadas.