El precio de los billetes de avión desde Balears ha registrado aumentos de entre un 10 y un 12 por ciento en un año, según la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba), un encarecimiento que ha llegado al 15 por ciento en los destinos con menor conectividad. Existe acuerdo político en comprobar la correcta utilización de los recursos públicos que destina el Estado al descuento de residente para reducir los sobrecostes de insularidad. Pero el Tribunal de Cuentas debe dirigir preferentemente su atención hacia las compañías aéreas en lugar de los usuarios para controlar el comportamiento de las tarifas y determinar si se incrementa el coste del billete cuando quien lo compra es un residente. El Estado destinó 532 millones de euros en 2018 al descuento de residente –que incluye a Balears, Canarias, Ceuta y Melilla- y para el 2019 había previsto superar los 625 millones.Una de las medidas que el Gobierno ha anunciado consiste en imponer a las aerolíneas que se identifique la condición de residente al final del proceso de compra, no al principio para impedir el uso fraudulento del descuento de residente. No se comprende cómo aún no ha entrado en vigor para evitar la picaresca de las dobles tarifas para residentes y no residentes.
El Gobierno debe controlar antes a las compañías aéreas