Una de las cuestiones más sorprendentes que se ha insinuado durante la crisis del coronavirus la comentó el miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los responsables de las finanzas autonómicas. Llegado el momento, el Estado se apropiaría de los 28.000 millones de euros ‘ahorrados' los ayuntamientos desde 2008. Este dinero procede de la intervención de las cuentas municipales por el ministro Cristóbal Montoro, que prohibió a los consistorios que se endeudaran. Este esfuerzo de contención municipal podría destinarse ahora a pagar las inmensas facturas del Gobierno por la crisis del covid-19.La insinuación de la ministra ha causado estupefacción, porque deberían ser las entidades locales, o las Comunidades, quienes hicieran uso de estos ‘ahorros' para paliar los efectos del covid-19 en sus propias demarcaciones. Y esto debería ser así, además, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado muestras de incapacidad para coordinar los departamentos de la sanidad autonómica, que es lo que pretendía cuando decretó el estado de alarma. El vicepresidente Pablo Iglesias recordó el domingo el artículo 128 de la Constitución, que dice:«Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Desde luego que sí, si los 28.000 millones tuvieran un buen destino y fueran bien gestionados. Pero visto lo visto, todo apunta a lo contrario. Este es el temor.