La inesperada y contundente operación iniciada en la noche del jueves por la Fiscalía Anticorrupción -ordenada por la fiscal Laura Pellón- con la detención de la cúpula de Autoridad Portuaria de Balears provocó ayer un enorme impacto y abre numerosos interrogantes. Según ha trascendido, desde hace más de un año se estaban investigando licitaciones supuestamente ilegales y la gestión del organismo que estos últimos años ha presidido Joan Gual de Torrella, detenido junto con al vicepresidente Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza; el jefe de explotación y servicios, José Fernando Berenguer; y el jefe de proyectos y obras, Armando Parada. Llama la atención la imputación de la jefe de la Abogacía del Estado en Balears y asesora jurídica de APB, Dolores Ripoll.
Uno de los temas que suscita las sospechas de la Fiscalía, que habría recibido una denuncia, es la adjudicación de los amarres del muelle de poniente de Maó a Marina Asmen SL, integrada por cinco empresas de Menorca. Un abogado del Estado se opuso en el consejo de administración de APB a esta concesión y se enfrentó a Dolores Ripoll. Es preciso aclarar todas las dudas, explicar qué ha ocurrido y qué delitos se imputan a los detenidos.