El inicio de los indultos para los condenados por el ‘procés' ha desencadenado una tormenta política. La derecha da por sentado que es la moneda de cambio que da el Gobierno de Pedro Sánchez por su investidura y para aprobar los Presupuestos. Y posiblemente está en lo cierto. Pero hay un hecho más grave: la ausencia, por primera vez, del Rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en la Escuela Judicial de Barcelona. El jefe del Estado aceptó la invitación, pero después nadie explica el giro, interpretado como un veto del Gobierno a la presencia de Felipe VI y una concesión a los independentistas.
La cuestión catalana sigue viva, no está resuelta con la sentencia del ‘procés' ni lo estará con los indultos. Faltan iniciativas políticas que desbloqueen el conflicto, que exigen la revisión a fondo el modelo de financiación autonómica y reformar en lo necesario la Constitución. Cataluña y Balears se quejan del maltrato del Estado. La Carta Magna debe ser adaptada a la España del siglo XXI. Mientras no se rompa este inmovilismo y no se recupere el espíritu de la Transición, rechinarán las tramitaciones de indulto y el jefe del Estado estará expuesto al menosprecio.