El rifirrafe protagonizado por la consellera de Hacienda del Govern, Rosario Sánchez, y la delegada del Gobierno, Aina Calvo, revela cómo están las cosas. El Ejecutivo presidido por Amengol se lamenta de las escasas inversiones que el Estado prevé para el próximo año en Balears, por debajo de la media y en la cola de la lista. Son apenas 201 millones de euros, muy alejados de los 388 que se lleva Extremadura, con una población similar a la del archipiélago, o Cantabria, que con la mitad de habitantes obtiene 401.
Los socialistas presiden el Gobierno central y el balear, por lo que se deduce que Francina Armengol y su equipo influyen poco en Madrid. Porque en lugar de dejar pasar el lamento de la consellera, la delegada de Pedro Sánchez rechaza la tesis del Govern. Asegura que el Gobierno no vulnera la ley -pese a incumplir el Régimen Especial- y que, en todo caso, incumple «expectativas». Es una constante el maltrato fiscal del Estado a Balears. Pero en esta ocasión la pandemia ha destrozado la economía de las Islas, de donde se han nutrido durante décadas las arcas del Estado. Balears está obligada a ser solidaria, pero esta solidaridad no es compartida por el Gobierno central.