La delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, afirmó el viernes, tras aprobar el Consejo de Ministros una línea de 7.000 millones de euros destinada a reforzar la solvencia de las empresas y autónomos, que «estas ayudas directas dan respuesta a las reivindicaciones de las instituciones públicas y privadas, y al conjunto de la sociedad civil del archipiélago».
Pero la expectación generada por estas medidas de apoyo ha dado paso a severas quejas al ser excluidos sectores clave de la economía menorquina. Desde PIME, la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca y la Asociación de Fabricantes y Curadores de Queso de Menorca expresan su malestar porque no podrán beneficiarse, a pesar registrar caídas de ingresos del 30 por ciento.
El Boletín Oficial del Estado no ha incluido en el listado numerosas actividades que realizan autónomos, como peluquerías, centros de estética, floristerías, tiendas de souvenirs, concesionarios y talleres de reparación de vehículos, entre otros. Y mientras Menorca recibirá unos 85 millones de euros por estas ayudas, para Eivissa se han previsto 160 millones. Unos criterios que demandan explicaciones y rectificaciones.