La Abogacía del Estado acusa a Balears de «deslealtad» al reclamar las inversiones estatales en las Islas sin haberse reunido ante la comisión bilateral para acordarlas. Así lo expone en las alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad que -con los votos de El Pi, Més, PP y Ciudadanos- presentó el Parlament contra el Gobierno central al no haber incluido el factor de insularidad en los Presupuestos Generales del Estado de este año. El PSOE, Podemos y Vox se pronunciaron en contra del recurso, a pesar de que el Estatut d'Autonomia y el Régimen Especial de Balears, aprobado en febrero de 2019 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, prevén su aplicación. La presidenta Armengol dice que «estamos negociando para que se recoja en el 2022». Corresponde al Gobierno central convocar la comisión bilateral Estado-Balears, pero el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que no se reunirá hasta el 2022. Antes de plantear la ampliación del autogobierno de Balears hay que garantizar, primero, la suficiencia financiera y Balears es hoy una comunidad infrafinanciada. Carece de sentido asumir nuevas competencias si no contamos con suficientes recursos y financiación.
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