El aval del Tribunal Superior de Balears al decreto del Govern que exige a los sanitarios de las Islas la vacunación o, en caso contrario, realizar pruebas semanales de PCR negativos es una medida eficaz en estos tiempos de pandemia. Y, al mismo tiempo, invita a la reflexión sobre la conveniencia de aplicar esta medida a otros colectivos vinculados a servicios públicos esenciales. La Conselleria de Salud ya advierte de un nuevo repunte de la pandemia a partir de enero si durante la Navidad no se cumplen las medidas de prevención para frenar el avance del virus, y en especial la variante ómicron; mucho más contagiosa que las anteriores aunque menos severa en su afección.
Apelar al comportamiento y la responsabilidad social constituye la única vía posible en el contexto constitucional vigente. La experiencia previa confirma que las vacunas son la fórmula más eficaz para frenar la incidencia del coronavirus. La estrategia de ampliar las inoculaciones a los menores y extender la aplicación de la tercera dosis tendrán un indudable efecto beneficioso en pocos meses, pero sigue siendo imprescindible reducir el gran número de ciudadanos que se niegan a ser vacunados o mantienen sus reticencias a la inmunización. La concienciación en esta materia no puede dar una tregua por solidaridad y para erradicar la infección de la covid.