Balears cierra el 2021 con una inflación del 6,5 por ciento, una tasa desconocida en las tres últimas décadas, que refleja las enormes subidas del IPC en productos tan esenciales como los combustibles y la luz –nada menos que un 60,8 por ciento–, el aceite, el transporte, la carne y la fruta. Esta subida de precios tiene un impacto directo sobre las economías familiares, con los salarios congelados, lo que merma su poder adquisitivo en unos momentos de incertidumbre sobre el fin de la crisis del coronavirus.
El problema en el suministro de combustibles ha generado una dinámica alcista que se ha extendido a toda la cadena de producción, cuyas consecuencias pagan los consumidores y las empresas. El rebote económico de los últimos meses del 2021 y la salida de una crisis -sanitaria, social y económica- que abarcó todo 2020 y gran parte del pasado año, han acentuado una inflación que amenaza con hundir de nuevo la economía si no se adoptan soluciones urgentes. Ni las familias ni las empresas pueden seguir asumiendo estos aumentos de manera indefinida. Con los salarios desfasados pronto se resentirá el consumo; motor de la actividad económica. Los márgenes de actuación de los agentes sociales se reducen. El Gobierno debe actuar con medidas urgentes y eficaces para no llegar tarde y evitar nefastas consecuencias.