Cuando la huelga del sector del transporte ya ha entrado en la segunda semana, el Gobierno no ha logrado desactivar un conflicto que empieza a crear problemas de desabastecimiento alimentario y materias primas a varios sectores. Demorar la presentación de las medidas al próximo martes -el Consejo de Ministros posterior a la cumbre de la Unión Europea- es una temeridad porque se agudizan los efectos adversos sobre la economía y crecen los apoyos ciudadanos a los convocantes. A medida que transcurren los días, las medidas de presión aumentan y los convoyes deben circular escoltados por la Guardia Civil para evitar su bloqueo o los actos de sabotaje. Mientras, las patronales de diferentes sectores alertan de las dificultades para mantener la actividad productiva y el desabastecimiento ya es una amenaza real; la estrategia gubernamental de tratar de ganar tiempo no funciona. Países como Italia, Bélgica, Francia o Portugal ya aplican medidas para contrarrestar el brutal incremento en el precio de los combustibles, factor decisivo para los costes del transporte y para todo el sector primario, que se ha sumado a las protestas. Con este escenario, en el que aumenta el malestar ciudadano, el Gobierno debe retomar las negociaciones con todo el sector de transporte y alcanzar un acuerdo que desconvoque las movilizaciones.