Un paquete de ayudas directas y bonificaciones, valoradas en 5,5 millones de euros ha sido utilizado por el Govern para desconvocar el paro del transporte en Balears. El Ejecutivo autonómico ha sido más ágil que el Gobierno central, que diez días después del inicio de la huelga, convoca al sector para cerrar un acuerdo que neutralice la crispación social a punto de estallar. Sólo la negociación resolverá un conflicto que afecta a toda la economía de España. La preocupación ciudadana aumenta a medida que no se pueden adquirir productos básicos como la leche, harina, pasta, arroz y aceite por los problemas de abastecimiento, la acción de los piquetes y por el injustificado acaparamiento de algunos consumidores. La reacción institucional no se podía demorar, porque cada día se suman colectivos y autónomos a la protesta por el desaforado aumento en el precio de los combustibles; prueba de ello es la adhesión a las protestas de taxistas y empresas de autocares. El encuentro de tres ministros con la representación de los transportistas debe aportar soluciones. Los ciudadanos, las empresas y las familias sufren una crisis agravada por el conflicto en Ucrania con la subida de los precios. El problema pone a prueba la capacidad de reacción de los mercados y la sensibilidad de quienes están gobernando para resolverlo.