El Banco de España desaconseja, ante la escalada de la inflación, subir las pensiones en la misma proporción que aumenta el IPC, y, al mismo tiempo, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a incluir a los jubilados en un pacto de rentas con trabajadores y empresarios. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos ha calculado que actualizar las pensiones en 2023 con una inflación del siete por ciento supondría, para el Estado, un coste de 12.600 millones de euros.
La viabilidad del sistema de pensiones en España vuelve a estar sobre la mesa, porque el nuevo mecanismo de revalorización, que se ha aplicado por primera vez este año, abre interrogantes que reclaman respuestas y medidas. El encarecimiento de precios abre un escenario sin precedentes, con una inflación interanual que los expertos calculan que llegará al siete por ciento. Incrementar las pensiones entre un siete y un diez por ciento es inasumible para las cuentas públicas, y crea una situación inaceptable: no es posible que los jóvenes, con sueldos precarios o que cobran el salario mínimo, perciban menos ingresos que los pensionistas. Jóvenes trabajadores que ven mermado su poder adquisitivo por el impuesto silencioso de la inflación, mientras que la cuantía de las pensiones es superior a a sus nóminas. Es preciso que el Gobierno consiga un pacto de rentas para las pensiones.