La Comisión Europea dictaminará, en los próximos días, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, redactado por PSOE y Podemos. Aún cuando siguen suspendidas las reglas fiscales europeas, la Comisión de la UE dará a conocer sus observaciones sobre las cuentas con las que las que el Gobierno de Pedro Sánchez afronta el año electoral. Este informe es esperado con gran expectación por las discrepancias sobre las previsiones de crecimiento entre el Ejecutivo de coalición, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España. El escenario macroeconómico diseñado por el Gobierno fue avalado inicialmente por la Airef, pero después detectó «carencias notables» y alertó sobre su debilidad, mientras que el Banco de España añadió dudas al rebajar las cifras de crecimiento de La Moncloa del 2,1 por ciento al 1,4. La prioridad consiste en convencer c0n unas cuentas públicas sean creíbles y con unos indicadores que incluyan el impacto de la inflación y la crisis energética, cuya evolución depende más de la guerra de Ucrania que la capacidad de decisión de cada gobierno. El crecimiento condiciona los ingresos y gastos públicos y marca los límites presupuestarios. El informe de Bruselas debe eliminar las dudas surgidas por la trascendencia de las cuentas públicas para la economía de España.
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