Desde 2015 la plantilla de funcionarios del Govern ha aumentado un 56 por ciento y el coste de sus nóminas asciende a casi 2.000 millones de euros. El incremento se debe al desbloqueo de las oposiciones en los últimos años y la necesidad de más personal en la sanidad pública, la educación y servicios sociales. Pero el crecimiento de las plantillas de personal no siempre se percibe como una mejora de la calidad, lo que cuestiona su eficiencia.
El Govern cuenta en Balears con 31.686 empleadas. Las plantillas públicas aumentan, pero también hay carencias importantes. No resulta sencillo mejorar la prestación de los servicios públicos sin que la carga laboral crezca hasta límites que lleguen a ser insostenibles. Hay que aligerar de personal nuestras administraciones, concretamente en cargos burocráticos, e incrementar el control sobre su rendimiento y horarios. Pero también es necesario modernizar las estructuras internas con medios que agilizan la gestión. La ampliación de los servicios públicos, como demanda la sociedad, obliga a incorporar más funcionarios, que deben trabajar con el criterio de eficiencia en lugar de antigüedad. La cuestión central es la eficacia del sector público, que cuenta con unos convenios que no deben amparar privilegios.