Desde hace más de dos años, la jueza que instruye el denominado caso Puertos busca -bajo secreto de sumario- pruebas que incriminen al expresidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual, y a su equipo. Es un tiempo excesivo porque provoca la indefensión de los investigados y, al mismo tiempo, se desvanecen las garantías de una instrucción justa, porque arranca la sospecha de que se escudriña más allá de los hechos que motivaron la causa. Esto es lo que alega la defensa de Joan Gual cuando se refiere a una investigación «prospectiva».
La jueza ya manifestó que su medida excepcional está justificada por el gran volumen de la documentación incautado. Joan Gual protagoniza hoy un hecho inusual en un investigado: habla en público y defiende sus cinco años al frente del ente gestor de los puertos del Estado en Balears. En la entrevista aparece el hartazgo de quien se siente víctima y también inocente. Gual no solo perdió el trabajo cuando la presidenta Armengol le obligó a renunciar a su cargo. Desde entonces vive bajo la sospecha de recibir sobornos por decisiones injustas. La presunción de inocencia desaparece ante gravísimas acusaciones acompañadas de detenciones, que avivan el escándalo mediático. Y es aquí cuando hay que exigir eficiencia, agilidad y prudencia a la administración de Justicia.