Las discrepancias entre el Gobierno PSOE-Unidas Podemos y el Partido Popular han provocado una batalla, política y jurídica, que pone en jaque las instituciones del Estado. Con una resolución inédita, el Tribunal Constitucional, al resolver un recurso interpuesto por el PP, ha bloqueado en el Senado la renovación de sus propios miembros. Magistrados que han superado su mandato por el enfrentamiento de las dos grandes formaciones estatales. Un galimatías del que cada vez es más difícil adivinar una salida razonable para todos los actores.
El PP utiliza los cambios en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional como arma política para deteriorar al Gobierno. Carece de lógica un bloqueo que perpetúa una representación que no se corresponde con los resultados electorales. Este es el punto de partida de un grave conflicto institucional.
Hay, también, un error de bulto por parte del Gobierno. Los cambios del marco jurídico para la renovación del CGPJ y el Constitucional no pueden convertirse en un trágala legislativo, porque las formas en un Estado democrático son esenciales. Los cambios propuestos por el PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la situación han de ajustarse a Derecho, no se puede actuar a la brava. La falta de diálogo y consenso evidencia insensatez y falta de madurez democrática.