El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación en las economías domésticas. Ayudas directas, como el cheque de 200 euros para hogares vulnerables o la suspensión de los desahucios; y medidas fiscales, como la reducción del IVA en los alimentos básicos son los dos ejes para minimizar el impacto de la espiral imparable de la subida de precios generalizada. La escalada inflacionista está teniendo un efecto devastador sobre un amplio sector de la población, que algunos expertos calculan en torno al 30 por ciento. La reacción del Gobierno -con medidas que venía reclamando la oposición- se produce cuando el precio de los combustibles inicia un descenso sostenido.
Tras conocerse el contenido de las decisiones anunciadas por el presidente Pedro Sánchez no faltan voces que cuestionan la capacidad económica del Estado para hacer frente a los costes que generará para las arcas públicas, en especial por la merma de ingresos. Esta es la cuestión que no ha quedado resuelta, la capacidad real de nuestra economía para mantener en vigor todas estas ayudas en un escenario todavía impredecible. El Gobierno PSOE-Unidas Podemos lanza una apuesta, marcada sin duda por el año electoral que se inicia, que puede marcar la gestión y credibilidad internacional de la economía española para los próximos años.