La ratificación, ayer en el Parlament, del decreto del Govern que limita nuevas urbanizaciones y la construcción en suelo rústico quiere actuar en el encarecimiento del precio de la vivienda. Estas medidas han sido criticadas, además de por los grupos de la oposición, por los constructores y promotores. Los empresarios advierten que acabarán teniendo el efecto contrario al que se persigue por la reducción de la oferta inmobiliaria. Sorprende que en el tramo final de la segunda legislatura, el Govern de izquierdas actúe con tanta premura ante un problema que se ha agudizado estos últimos años.
La situación del mercado inmobiliario en las Islas responde a múltiples factores, desde la evolución de la economía tanto en España como en el entorno europeo a la escasez de suelo disponible para nuevas viviendas. Nada indica que el decreto convalidado ayer sea la solución; en todo caso agravará la dificultad para obtener vivienda digna y a precio asequible. Una demanda que exige otras medidas acordes con las necesidades de la sociedad, y no normas que sólo persiguen el decrecimiento. Las leyes del mercado no cambiarán con el deseo político, por razonable que sea. La acción pasa por la inversión pública en vivienda de protección, normas para rentabilizar el suelo urbanizable y regular con criterios de sostenibilidad la construcción.