La aprobación definitiva de la revisión del Plan Territorial Insular se está demorando porque carece de los preceptivos informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que depende del Govern, y también de Costas. Todo ello provoca una situación anómala porque, al haber decaído la medida cautelar de suspensión de licencias, en estos momentos vuelve a regir el PTI del 2003, aprobado hace veinte años, junto con los artículos de la Norma Territorial Transitoria que aprobó el Consell durante el mandato del PP. Artículos que siguen vigentes porque la derogación de esta norma en 2017 fue parcial. Un escenario que crea confusión e incertidumbre, tanto entre los ayuntamientos como los promotores, técnicos y constructores por las diferentes normativas que son de aplicación.
Este retraso en la aprobación del nuevo PTI ha dejado sin efecto las exigencias de sostenibilidad respecto a recursos como el agua y la suficiencia energética, que se habían endurecido. Desde el gobierno tripartito del Consell afirman que esta demora no es achacable a la institución insular. En cualquier caso, cabe exigir explicaciones y pedir responsabilidades por un retraso que es incomprensible.