Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, responsabilizan al Gobierno de la baja calidad de los principales servicios que la Administración del Estado ofrece en Balears por la falta de personal. Calculan que serían necesarios un millar de funcionarios más para poder atender la gestión que demandan los ciudadanos en áreas como Extranjería, Empleo o la Seguridad Social. Las razones de esta situación consisten en las bajas por el escaso incentivo que ofrecen las Islas para los trabajadores públicos. Una situación similar afecta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia.
Los servicios del Estado han alcanzado el colapso, los trámites se eternizan, la atención a los ciudadanos es muy deficiente, y el personal está desbordado sin que el Gobierno aporte soluciones. Se ha alcanzado un punto insostenible.
Balears, en las condiciones que el Gobierno ofrece a los trabajadores públicos, es un destino a evitar, porque los incentivos para compensar la insularidad, muy inferiores a los que se pagan en Canarias, son insuficientes. El coste de la vivienda y el nivel de vida en las Islas hacen que los funcionarios no quieran cubrir las vacantes. Así se prolonga una situación en la que los principales perjudicados son los contribuyentes. Ya es hora de que las instituciones de Balears exijan soluciones inmediatas.