Poco antes de las fiestas de Navidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pactaron eliminar el término «disminuido» de la Constitución para sustituirlo por «personas con discapacidad». Una reforma tan necesaria como tardía, ya que llega con una demora de más de cuarenta años. Cualquier avance para apoyar a estas personas es una buena noticia, porque dignifica a un colectivo que merece todos los respetos y ha protagonizado auténticas gestas y con ejemplos de superación. Pero la decisión no ha sido del agrado de todos. «Para mí todos somos personas, yo de disminuida o de minusválida tengo cero.
Siempre me he buscado la vida. Soy profesora jubilada», argumenta una integrante de la asociación Avite, de afectados por la Talidomida. Estos colectivos han sufrido ofensas permanentes al ser considerados como disminuidos, lo que ha acentuado su sufrimiento y dificultado su integración en la sociedad. Son luchadores que no se merecen el trato que han recibido. Al margen de los necesarios cambios en la terminología, lo importante es que estas personas sean tratadas como cualquier otra, porque esa es la forma de lograr su inclusión en condiciones de plena igualdad, sin prejuicios de ninguna clase. Y significará que la sociedad evoluciona. Terminologías al margen, son, ante todo y sobre todo, personas.