La Plataforma de afectados por el deslinde de costa Formentera ha conseguido anular el reglamento de Costas que promovió y aprobó en 2022, mediante un real decreto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno de Pedro Sánchez se saltó e incumplió escuchar a los ciudadanos, o sea, la consulta pública, tal como afirman los magistrados: «En modo alguno tiene naturaleza organizativa o presupuestaria y, además y a los solos efectos del debate suscitado, en modo alguno cabría infravalorar, como se razona en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, los efectos de la reforma».
La consecuencia inmediata consiste en que ahora vuelve a estar en vigor el reglamento elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. A partir de ahora los nuevos negocios en la costa podrán optar a concesiones de hasta 75 años, por ejemplo, ya que el real decreto de 2022 limitaba esta posibilidad a treinta años. Al mismo tiempo, las condiciones para los chiringuitos volverán a ser las previas. El ‘reglamento Ribera' limitaba los espacios y restringía sus dependencias. El revés del Supremo al Gobierno en esta cuestión pone de manifiesto que se pueden adoptar decisiones políticas precipitadas, lo que exige diálogo y negociación para alcanzar acuerdos.