El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado el Plan Nacional Antitabaco. Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad, a desarrollar hasta 2027, han prosperado contra todo pronóstico al haber sido apoyadas también por las comunidades gobernadas por el PP, que habían criticado la falta de concreción de las actuaciones. Hay que aplaudir el acuerdo, porque erradicar el consumo de tabaco constituye un objetivo prioritario en las políticas de salud pública y debe situarse lejos de la disputa entre los partidos.
El objetivo final consiste en reducir el número de fumadores y proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, en especial la considerada como más vulnerable, consistente en personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas y los niños. Pero si bien las medidas propuestas son ambiciosas, en la práctica es una hoja de ruta que abre la puerta a ampliar los espacios sin humos y subir impuestos a medio plazo, pero no supone medidas inmediatas.
El plan de la ministra Mónica García cambia poco la situación actual, ya que habrá que esperar al paquete legislativo para una verdadera transformación. Tendrán más «empaque» las campañas de concienciación y la capacitación de profesionales, según la ministra García. Pero no se trata de empaque, sino de obtener resultados concretos, eficaces e inmediatos.