La supresión de la Comissió Balear de Medi Ambient, que el Govern de Marga Prohens argumenta en la necesidad de agilizar los trámites urbanísticos, suscita distintas reacciones. Desde el GOB afirman que «se ha construido el relato de que este órgano ambiental atasca, es un estorbo y se excede en sus funciones». En cambio, la Asociación de Constructores de Balears manifiesta que «el funcionamiento actual de esta comisión supone un freno al desarrollo empresarial y provoca gran indefensión al ciudadano», por lo que reclama «que deje de ser un organismo arbitrario y con falta de rigor».
Y Enric Taltavull, presidente de los arquitectos de Menorca, destaca que agilizará los trámites para los proyectos urbanísticos con la reducción del tiempo de respuesta de las administraciones, que considera excesivo.
Los ayuntamientos, a través de la FELIB, y los consells insulars también se han pronunciado a favor de cambios urgentes en este organismo. El Govern ha de hallar el equilibrio para agilizar los informes medioambientales y al mismo tiempo, ha de mantener los controles y garantías a través de las evaluaciones y autorizaciones. Su redacción no puede eternizarse en un laberinto de comisiones, subcomisiones y diferentes organismos externos. También ha de hallar la fórmula para que Menorca tenga presencia y siga participando en estos informes.