La visita del juez Juan Carlos Peinado a La Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez, como testigo en la investigación penal a su esposa, Begoña Gómez, terminó con el presidente del Gobierno acogiéndose a la dispensa para no declarar sobre un familiar directo. También provocó una querella contra el magistrado y un gran barullo que perjudica a dos de los tres poderes del estado: el Ejecutivo y el Judicial, sumidos en un espectáculo político lamentable.
El juez quiso practicar un diligencia que se antojaba inútil. Si investiga a Begoña Gómez para saber si se ha aprovechado de su marido para influir en funcionarios públicos, cualquier pregunta a Sánchez como testigo que pudiera incriminarle sería nula. La posibilidad de usar la dispensa era obvia tras la negativa a declarar de Gómez como investigada. A la astracanada del juez el Gobierno reacciona interponiendo, a través de la Abogacía del Estado, una querella por prevaricación contra Peinado.
Al igual que la actuación del magistrado busca un efecto mediático y político impropio, esta querella del Ejecutivo persigue lo mismo. Idéntico efecto lo habría conseguido Sánchez interponiendo la denuncia por sus medios personales, sin la intervención de un organismo estatal. En medio de todo ese ruido, la investigación penal queda viciada y la credibilidad de dos poderes del Estado, dañada.