El Govern Prohens, a través de su vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, advierte de que no cierra la puerta a ninguna reclamación sobre los 127 millones de euros que recibirá Balears por el denominado ‘factor de insularidad’. Estas inversiones adicionales forman parte del Régimen Especial de Balears, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2019, pero su reglamento -que concreta la aplicación efectiva del REB- se demoró más de cinco años hasta julio de este año. Los 127 millones corresponden al desarrollo del REB.
La gran asignatura pendiente de Balears es la reforma de la financiación autonómica. El actual sistema caducó hace diez años. Este modelo, aprobado en 2009 con la abstención del PP, perjudica a Balears al aportar más de lo que recibimos. Las Islas volveremos a ser, durante el 2025, una de las tres comunidades que dejará de ingresar recursos propios de nuestros impuestos para destinarlos a la solidaridad con otros territorios. La factura de esta solidaridad ascenderá a 449 millones. El once por cien del esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Balears se destinará a financiar recursos básicos de otras comunidades. El REB no basta para que este Archipiélago reciba el tratamiento fiscal que se merece. La revisión de la financiación autonómica es inaplazable para dejar de ser una comunidad de segunda.