La concejal socialista Dolores Antonio, ‘número 3’ del gobierno municipal de Maó, donde gestionaba las áreas de Urbanismo y Ciudad, formalizó ayer su renuncia. Asume sus responsabilidades al admitir que no advirtió ni atendió las recomendaciones del informe remitido por Hidrobal el 21 de agosto, del que se enteró el 27 de septiembre. Esta negligente actuación provocó que la población de Maó recibiera y consumiera durante más de un mes agua que no era para la ingesta humana.
La dimisión de Dolores Antonio, que se ha consumado a pesar de la negativa del alcalde Héctor Pons a aceptarla, no cierra el ‘caso del agua no potable’ de Maó al persistir numerosas dudas e interrogantes que reclaman respuestas y soluciones. Más allá de pedir explicaciones y abrir expediente a la empresa Hidrobal, todas las familias de Maó tienen derecho a recibir explicaciones sobre lo ocurrido desde noviembre de 2023, cuando Hidrobal comunica al Ayuntamiento que ya se superaban los límites tolerados en el agua presuntamente potable para el consumo humano. Una cuestión sobresale por su trascendencia. Además de los nitratos, ¿está garantizada la desinfección de este líquido vital?