El Govern destinará diez millones de euros, procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible, para detectar y erradicar el alquiler turístico ilegal. La decisión de utilizar fondos de la ecotasa ha sido acordada por la comisión que distribuye los recursos recaudados con este impuesto, un organismo en el que participan varias conselleries del Govern, los consells insulars, organizaciones empresariales y sindicales, y entidades ciudadanas como el GOB.
Una medida que constituye una de las grandes novedades de las accciones que ahora se llevarán a cabo con las cantidades obtenidas durante el 2023 y 2024. Ahora corresponderá a los consells insulars, administraciones que tienen transferido el control y la eliminación de esta oferta que constituye una oferta desleal, ampliar la plantilla de inspectores, incrementar la vigilancia con nuevos medios tecnológicos y digitales; y, en definitiva, conseguir resultados mucho más eficaces. Esta iniciativa forma parte de las medidas del Govern Prohens y los consells para identificar y acabar con esta oferta, que constituye una actividad irregular y clandestina. Se trata, como ya reclamó el Parlament en mayo, de aumentar la vigilancia con más inspectores, aplicar sanciones ejemplarizantes y actuar con determinación para eliminar este intrusismo.