En febrero de 2022 el anterior Govern Armengol acordó la prohibición de nuevas licencias turísticas en Menorca. Se cumplen tres años de aquella decisión y hoy sigue en vigor. La Asociación de Empresas de Viviendas Turísticas de Menorca (Viturme), que pertenece a la federación de PIME, advierte que esta moratoria «lleva lastrando las posibilidades económicas de la Isla». Y denuncia que «esta medida temporal lleva demasiado tiempo en vigor al afectar directamente los intereses de los menorquines que tienen viviendas con posibilidad de conseguir licencias de alquiler turístico, así como al hecho de que pueda proliferar el alquiler turístico ilegal dado el atractivo y la demanda que hay actualmente». Es cierto que el plazo para suprimir la prohibición es de cuatro años, pero también es cierto que el Partido Popular prometió «que se levantaría cuanto antes». Desde que accedió al gobierno del Consell supedita la suspensión de esta moratoria a la aprobación de un techo de plazas turísticas que, en el caso de Menorca, aún no se ha fijado. Las decisiones políticas no se pueden demorar, lo que exige aclarar si es necesaria, o no, una ley de ámbito autonómico.
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