Balears es la segunda comunidad de España con la tasa más alta de okupas. Este dudoso honor se agrava con las denuncias por usurpación de inmuebles que crecieron el año pasado un 26 por ciento. Es cierto, también, que los casos resueltos están aumentando y que los procesos ya no son tan largos y desesperantes. Pero es un asunto gravísimo, porque la propiedad privada está protegida, debe ser respetada y hay miles de familias que destinan muchos recursos a pagar durante años una hipoteca para ver, después, cómo la vivienda es okupada impunemente.
Es preciso distinguir entre los delincuentes profesionales que entran en casas y exigen dinero a sus legítimos propietarios para marcharse; y familias vulnerables y personas sin recursos que entran en locales o inmuebles para tener un techo. Son tipologías distintas, que no pueden ser tratadas de igual manera. Esta problemática está relacionada con la crisis habitacional que vive Balears y que ha disparado hasta límites absurdos el precio de los alquileres o de las casas en venta. Una vivienda digna hoy es inaccesible para gran parte de la población y los jóvenes, con sueldos bajos, se enfrentan a un lastre de difícil solución. También hay que agilizar los trámites judiciales para garantizar que el afectado por la okupación recupere su propiedad lo antes posible.