El insólito apagón -el de mayor incidencia e impacto en la historia energética de España- sigue planteando muchas preguntas que siguen sin respuesta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que exigirá responsabilidades a los operadores privados y que aplicará reformas para evitar que se repita, pero persisten múltiples incógnitas. Concretamente sobre las causas de la pérdida completa del abastecimiento de electricidad en la Península y unas pérdidas cuantificadas en 44.000 millones de euros. En este caos social y económico fue preciso recurrir a los generadores y los transistores.
El Gobierno, que se vio desbordado, falló en la política de comunicación y no supo explicar lo que estaba ocurriendo, lo que incrementó las generalizadas percepciones de vulnerabilidad y desinformación. Lo peor es que aún desconocemos por qué el sistema eléctrico se derrumbó.
Balears logró escapar de ese gravísimo incidente al contar con un sistema eléctrico insular y suficiente potencia de generación instalada, pero sufrió las consecuencias de vuelos demorados y cancelados así como la caída de Internet. Es el momento de pedir explicaciones y exigir responsabilidades, en primer lugar a Red Eléctrica de España, al tener derecho a saber qué ocurrió, por qué ocurrió y qué medidas se adoptarán para que no vuelva a repetirse.