El acuerdo que firmará el Consell con la plataforma Airbnb para que esta retire de forma inmediata cualquier anuncio cuando se detecte que es ilegal, al no adjuntar el número de licencia, es un paso más en la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Además se reforzará con la contratación de Mabrian para peinar las webs de las plataformas y mejorar la eficacia en la detección de la oferta ilegal. Otro factor es que la plantilla de inspectores turísticos se reforzará con cuatro más este verano, lo que representa un equipo de trece efectivos.
En el primer trimestre de este año se han impuesto sanciones que superan los 400.000 euros, con 134 expedientes abiertos. El año pasado el importe global de las multas ascendió a 1.848.000 euros. 84 casos de oferta ilegal se han detectado gracias a las denuncias procedentes de vecinos y ciudadanos. A todo ello se añade la contundente campaña de publicidad del Consell que asocia causa-efecto el alquiler ilegal «con vistas» a una familia en la calle que no encuentra vivienda. Existe consenso en que el alquiler ilegal tiene efectos negativos que hay que corregir, sin que perjudique la actividad turística legal.