El Ministerio de Justicia ha dado a conocer la letra pequeña de la mayor transformación que, en más de un siglo, afrontará la organización judicial en España. De un juzgado para cada juez con sus funcionarios se pasará a un único tribunal de instancia en la que todos trabajan para todos. La Ley de Eficiencia entrará en vigor en Inca y en Manacor en octubre; y en Palma, Eivissa y Menorca el 31 de diciembre. La reforma responde al objetivo de hacer más con menos con un reparto más eficiente del trabajo y optimizar los recursos.
En Balears las causas pendientes cada año superan los cien mil asuntos, con retrasos endémicos e intolerables. Las críticas al cambio señalan la improvisación del Ministerio, con muchas dudas sobre cómo van a funcionar y a coordinarse oficinas amplias, y cómo se garantizará el control jurisdiccional. Dudas justificadas cuando el Gobierno PSOE-Sumar no dotará de más medios ni gastará en esta reforma. Tampoco se realizarán obras para reformar las oficinas y adaptarlas a la nueva situación. Cuando hay retrasos, los afectados culpan a jueces y funcionarios en lugar del Ministerio. Balears, además, es una de las pocas autonomías que no ha asumido la Justicia ni está previsto a medio o largo plazo. Así pues, se avecinan meses complicados en los juzgados y un otoño que exigirá mucha paciencia.