La insólita decisión del PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de vetar los actos religiosos islámicos en instalaciones públicas ha abierto una gran controversia. Aunque no se alude al islam, el acuerdo del PP y Vox se formula en defensa de una «identidad cultural española», lo que ha generado amplias críticas por su carácter discriminatorio. Destaca, por su contundencia, la reacción de la Conferencia Episcopal Española. Subrayan los obispos que «las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución».
Para la Conferencia Episcopal Española, esta medida «atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y la limitación de estos derechos no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y a los no creyentes» concluyendo que «esas restricciones por motivos religiosos son una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas». El pronunciamiento de los obispos, que ha motivado una desaforada reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, es una llamada a la serenidad y la convivencia. El acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla debe ser anulado al constituir una gesto de intolerancia y una falta de respeto a la cultura y fe de los musulmanes.