Más de un tercio de los ayuntamientos de Balears, concretamente el 37,9 por cien, el Consell de Menorca y las mancomunidades de Es Raiguer y Tramuntana no han entregado aún sus cuentas de 2023 a la Sindicatura de Cuentas. Este organismo, que fiscaliza la actividad económica, financiera y contable de las administraciones de las Islas, recuerda a los alcaldes que la rendición de cuentas, además de ser una exigencia legal, constituye un eje fundamental de la gestión del sector público, un compromiso con la transparencia y de responsabilidad de la ciudadanía. El informe de 2023 revela que tres de los cuatro consells, 34 ayuntamientos, una entidad local menor y dos mancomunidades, cumplieron en plazo. La Sindicatura de Comptes se ve en la obligación de recordar que la cuenta general de cada administración debe elaborarse inmediatamente tras liquidar el presupuesto, se tiene que aprobar en el primer semestre y presentarse en plazo, y además debe estar disponible en la sede electrónica o web de la entidad. Estas advertencias han de ser atendidas por los alcaldes, primeros responsables, y los consells insulars. El control de la gestión económico-financiero de las instituciones es una obligación que no se puede soslayar. Quienes lo incumplen, vulneran la ley y perjudican el sistema democrático.
La gestión económica del sector público debe ser fiscalizda
Editorial | Menorca |