En plena crisis migratoria en Balears, con la ruta desde Argelia al Archipiélago ya dramáticamente consolidada, las discrepancias entre el Gobierno central y el Govern se han recrudecido. La negativa de Marga Prohens a acoger más menores migrantes es rechazada por el Ejecutivo PSOE-Sumar y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, amaga con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil si se frena este reparto por parte de algunas comunidades. La presidenta balear califica de «amenazas» las advertencias del ministro de Pedro Sánchez y pide que «se deje de matonismo». Alusiones a una posible intervención de la policía no ayudan en nada y son desafortunadas.
El sentido común y el diálogo debe prevalecer, porque está en un juego un asunto muy grave, que afecta de lleno a Balears, como ya lo hace desde hace años en Canarias. La atención digna a los africanos que llegan exhaustos a nuestras costas debe ser una constante, para evitar escenas tan lamentables como las que se registran junto a la Estación Marítima de Palma, donde duermen a la intemperie los afectados. En este drama humanitario tampoco hay que descuidar, como alerta Frontex, la vertiente policial, para evitar que algunos delincuentes utilicen la ruta de las pateras para entrar ilegalmente en Europa con oscuras intenciones.