Aunque parece mentira, el nuevo Servicio de Vigilancia del Litoral que ha decidido poner en marcha el Govern, y cuyas primeras embarcaciones llegaron a Balears julio, todavía no está operativo porque falta un trámite de la Capitanía Marítima. Un organismo que depende del Gobierno PSOE-Sumar al depender del Ministerio de Transportes. Esta nueva unidad creada por el Ejecutivo de Marga Prohens es muy necesaria durante la temporada turística, cuando miles de yates, barcos y motos acuáticas navegan muy cerca de playas y calas, poniendo en peligro a bañistas y usuarios.
De ahí que no se entienda que un trámite burocrático que debía haber tramitado el Gobierno central esté retrasando la puesta en marcha de este operativo, que fue dado a conocer el 4 de agosto. Las 22 lanchas y embarcaciones contratadas, así como el personal instruido para este cometido, debían velar por la seguridad en las costas, pero no tiene sentido que estén sin estrenar porque falta la autorización final de Madrid. Cada año, decenas de embarcaciones se saltan la zona de delimitación y llegan a pocos metros de la arena, creando situaciones de riesgo. Yates, zódiacs y lanchas amarran en la playa, lo que provoca incidentes y conflictos entre los usuarios y los patrones de estas embarcaciones que actúan irresponsablemente.