El Gobierno PSOE-Sumar decidió ayer retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, por el que cada factura genera un registro accesible para la Agencia Tributaria que no puede ser modificado ni borrado. Debía ponerse en marcha el próximo 1 de enero pero se aplaza a enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio de aquel año para el resto. Desde hace meses, empresas y autónomos se vienen preparando para aplicar este procedimiento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que el retraso pretende «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a empresas y profesionales». Cepyme aplaude el aplazamiento porque «las pequeñas empresas necesitaban un mayor margen para adaptarse», y la Asociación de Trabajadores Autónomos recibe «con alivio» la noticia «al generar Verifactu mucha incertidumbre y malestar». En cambio, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos tacha el retraso de «despropósito». Dar marcha atrás a un cambio de esta naturaleza genera desconfianza, inseguridad jurídica y desconcierto. Para cumplir con las nuevas obligaciones, las empresas y profesionales tendrán que sustituir su software de facturación. El Gobierno debía haber valorado antes los pros y contras de esta iniciativa que ha acabado aplazando.