La nueva financiación autonómica que han pactado el PSOE y ERC -anunciada por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras- confirma la injusticia históric que, desde hace años, padece Balears al ser una de las comunidades que mas aporta al Estado, pero de las que menos recibe. El esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos y las empresas de las Islas no es correspondido por el Gobierno central porque aquí no se aplica la ordinalidad que sí obtendrá Catalunya. La ordinalidad implica que si una comunidad es la que más aporta al sistema, debe ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. Y esto no ocurre en Balears, que destina 900 millones de superávit para que el Gobierno PSOE-Sumar pague las pensiones en el resto de comunidades.
Catalunya contará con sus propias reglas de juego, en la línea del régimen foral del País Vasco y Navarra. El Gobierno de Pedro Sánchez no valora el impacto de los sobrecostes de la insularidad, que el Régimen Especial de Balears tampoco compensa. El principal reproche a este nuevo sistema -que debe aprobar el Congreso- consiste en que no incluye ni cuantifica la población flotante o soportada. Los servicios públicos que prestamos a los 18 millones de visitantes que vienen a las Islas y que utilizan estos servicios como si fueran residentes. Persiste nuestro problema histórico de financiación.