Las diligencias judiciales por el ‘caso Puertos’, iniciadas en 2020, se caracterizan por su falta de agilidad y eficacia. La investigación que debía esclarecer decisiones de la Autoridad Portuaria de Balears sigue atascada. Cinco de las nueve piezas abiertas no han registrado avances estos últimos meses, mientras que otras dos aguardan que la Audiencia Provincial fije la fecha del juicio.
Tras un insólito secreto de sumario que se prolongó durante casi cuatro años, ninguna de las cuestiones sometidas a las pesquisas de la Policía y análisis de fiscales y jueces ha sido aclarada. En cambio, dos piezas ya han sido archivadas al quedar descartados indicios de delito. Todo lo demás permanece en un limbo jurídico que acabará en archivo o bien, si algún día se acredita la existencia de indicios penales, se llegaría a celebrar un juicio.
Una Administración de Justicia lenta, además de ineficaz, es injusta, y quienes formaban la cúpula de Autoridad Portuaria de Balears, el organismo gestor de los puertos del Estado en las Islas, encabezados por Joan Gual de Torrella, siguen imputados, seis años después, lo que implica un estigma social y un grave daño reputacional que les afecta en lo personal, familiar y patrimonial. No se entienden ni son aceptables estas demoras por el perjuicio que provocan a todos los implicados. Cabe exigir agilidad.