La Administración de Justicia no siempre se detiene con estruendo. A veces, simplemente deja de avanzar. Eso es lo que está ocurriendo tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, concebida para modernizar y agilizar el funcionamiento de los tribunales, pero ha provocado un efecto contrario. Concretamente en los desahucios con una parálisis de facto, fruto de un atasco administrativo que amenaza con erosionar la credibilidad del sistema judicial.
La sustitución de los juzgados tradicionales por un tribunal de instancia y servicios comunes ha concentrado funciones clave en oficinas infradotadas. Las consecuencias son evidentes y preocupantes. Demandas presentadas hace más de medio año siguen sin siquiera ser incoadas. Los procedimientos no avanzan, los jueces no llegan a intervenir y las resoluciones no se dictan.
El sistema genera un «escudo social involuntario», pero también una inseguridad jurídica inaceptable para propietarios, inquilinos y operadores jurídicos. Este retraso afecta a quienes se enfrentan a un desahucio y a quienes, legítimamente, reclaman la recuperación de su vivienda o el cobro de rentas impagadas. Corregir el rumbo no solo es posible, sino imprescindible y las plantillas deben reforzarse. La Justicia no puede ser un laboratorio de carencias y soluciones improvisadas.